El libro denuncia el abuso de temporalidad en la función pública española durante 25 años, con una tasa del 32,2% (la más alta de la UE), 979.000 afectados y 70.000 cesados. La sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (caso Obadal) declara que España incumple el Derecho europeo: el "indefinido no fijo" no vale, las indemnizaciones de 20 días son insuficientes y los procesos de estabilización abiertos no sancionan el abuso. El autor señala como responsables al Gobierno (especialmente al ministro Óscar López), a los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CSIF) y a los tribunales españoles. La única solución es la readmisión directa y la fijeza a extinguir, con indemnizaciones disuasorias y reparación integral del daño.
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